Instituciones surgidas por los acuerdos de paz en El Salvador.

El texto de los acuerdos firmados en el Palacio de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, está dividido en los 9 capítulos donde se establecen una serie de medidas que ambas partes debían realizar para alcanzar la paz firme y duradera en El Salvador.

Acerca de la Fuerza Armada

En el primer capítulo, con respecto a la Fuerza Armada, el gobierno aceptó los siguientes compromisos:

• Modificar los principios doctrinarios de la Fuerza Armada para que pudiese cumplir con los acuerdos tomados, estableciendo que el objetivo único de la institución es "la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, es una institución permanente al servicio de la nación" y aclarando que la institución "es obediente, profesional, apolítica y no deliberante".
• Reformar el sistema educativo de la Fuerza Armada.
• Crear una Comisión ad hoc para la depuración de los oficiales implicados en violaciones a los Derechos Humanos.
• Reducción de efectivos de la Fuerza Armada; fueron dados de baja un total de 21000 soldados, a los cuales se les pagó su respectiva indemnización, finalizando el proceso un año antes de lo previsto, el 28 de febrero de 1993.
• Superación de la impunidad con la Creación de la Comisión de la Verdad que investigaría los más graves hechos de violencia de la guerra civil; la cesación de oficiales inició el 31 de diciembre de 1992.
• Disolución de los 3 cuerpos de seguridad pública que dependían de la Fuerza Armada: Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda.
• Disolución de los servicios de inteligencia militar y creación de un servicio de inteligencia civil: el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Los antiguos cuerpos de inteligencia fueron suprimidos en su totalidad el 9 de junio de 1992, dando paso a los nuevos que estaba ya funcionando desde el 28 de abril del mismo año.
• Disolución de los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI). El batallón "Gral. Eusebio Bracamonte" fue disuelto el 16 de agosto de 1992, el batallón "Atlacatl" el 8 de diciembre de 1992 y el batallón "Gral. Manuel José Arce" se extinguió el 6 de febrero de 1993; aportando un total de desmovilizaciones que alcanzaron los 10000 efectivos.
• Reformar la Constitución para definir claramente la subordinación de la Fuerza Armada al Poder Civil.
• Supresión de las entidades paramilitares (Patrullas de defensa civil).
• Suspensión de las actividades de reclutamiento forzoso.

Creación de la Policía Nacional Civil

En el segundo capítulo, el gobierno se comprometió a:

• Crear la Policía Nacional Civil como nuevo cuerpo policial que sustituyera los antiguos cuerpos de seguridad con una doctrina civilista y democrática.
• Establecer cuotas para el personal de la nueva policía, en la que participarían elementos desmovilizados del FMLN, antiguos agentes de la Policía Nacional y personas sin militancia en ambos bandos. Se acordó que fuese el 20% para cada bando y el 60% de participantes neutrales.
• Crear la Academia Nacional de Seguridad Pública para formar a los agentes de la Policía Nacional Civil, dando énfasis a la formación para el respeto de los Derechos Humanos.

Sistema Judicial y Derechos Humanos

En esta área los compromisos gubernamentales fueron:

• Crear la Escuela de Capacitación Judicial para formar jueces y magistrados ajustados a la nueva realidad del país.
• Reformar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura (organismo que nombra y evalúa a los jueces) para darle mayor independencia.
• Reformar el proceso de elección y los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
• Crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución autónoma, que debe supervisar el respeto a los Derechos Humanos por parte de las demás instituciones estatales.

Sistema Electoral

En este tema se acordaron una serie de medidas para asegurar la plena vigencia de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos:

• La creación de reformas institucionales: creación del Tribunal Supremo Electoral, la más alta autoridad administrativa y jurisdiccional en la materia.
• El derecho de los partidos políticos en vigilar la elaboración, organización, publicación, y actualización del registro electoral.
• En el plano político, las medidas adoptadas buscaron garantizar a los dirigentes del FMLN y a sus integrantes el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos dentro un marco de absoluta legalidad, mediante su incorporación a la vida civil, política e institucional del país. El FMLN se comprometió a desmovilizar sus fuerzas guerrilleras, bajo la supervisión de la ONUSAL. El gobierno se comprometió a aprobar la legislación necesaria para que el FMLN se transformara en un partido político legal y pudiera participar en los comicios generales de 1994.

En lo económico y social

En esta área el gobierno se comprometió a:

• Crear el Foro de Concertación Económica y Social, organismo donde tendrían representación los sindicatos, las asociaciones empresariales y el Estado para dialogar sobre la política económica del país.
• Distribuir las tierras en zonas conflictivas entre los ex combatientes desmovilizados.
• Las tierras que excedían las 245 hectáreas, así como aquellas propiedad del Estado que no eran reserva natural, debían ser distribuidas entre los campesinos y pequeños agricultores que carecían de terrenos cultivables.  

Los derechos humanos:

En forma explicita hubo tres esfuerzos en materias de derechos humanos que constituye importantes ejercicios contra la lucha de impunidad.

La creación de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos fue una de las innovaciones más significativas introducida en el país por los acuerdos de México.

Su misión consiste en la promoción de los derechos humanos y velar porque sean respetados.

Quizás el logro más significativo en la materia fue el acuerdo de San José sobre los derechos humanos, firmado el 26 de julio de 1990.

Con este acuerdo se pretendía establecer mecanismos concretos para el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos de la ciudadanía.