TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE EL SALVADOR 

FORO PARA LA CONCERTACION ECONOMICA Y SOCIAL.

A. Objetivo del Foro

Se creará un Foro, con la participación igualitaria de los sectores gubernamentales, laboral y empresarial, con el objeto de lograr un conjunto de amplios acuerdos tendientes al desarrollo económico y social del país, en beneficio de todos sus habitantes. La Concertación será un esfuerzo sostenido, por fases, teniendo en cuenta que se trata de lograr acuerdos a ser aplicados de inmediato para lograr la estabilización, otros para atacar los problemas económicos y sociales que se habrán de derivar de la finalización del conflicto y otros propios de la reconstrucción.
Entre otros aspectos, el Gobierno propondrá al Foro de Concertación Económica y Social la revisión del marco legal en materia laboral para promover y mantener un clima de armonía en las relaciones de trabajo, sin detrimento de los sectores desempleados y del público en general. También propondrá el análisis de la situación de las comunidades marginales urbanas y suburbanas con miras a proponer soluciones a los problemas derivados del conflicto armado de los últimos años. En términos generales, el Foro será el mecanismo para concertar medidas que alivien el costo social del programa de ajuste estructural.

B. La instalación del Foro

COPAZ convocará por primera vez la instalación del Foro de Concertación Económico y Social, en un plazo no mayor a un mes después de haberse firmado el presente acuerdo.

C. Composición y representación del Foro

La composición y representación sectorial y gubernamental en el Foro, se conformará de la siguiente manera:

a. El GOES tendrá representación de alto nivel, con capacidad de tomar decisiones en lo económico y social.
b. Para la representación de los sectores laboral y empresarial, se convocará a las organizaciones que revelen la mayor representatividad.
Además, podrá abrirse a la participación de otros sectores sociales y políticos en calidad de observadores, en las condiciones que el mismo Foro determinará.

D. Atribuciones del Foro

El mismo foro definirá su estructura operativa y las temáticas de discusión y concertación. Los sectores representados en el Foro tendrán iguales derechos y dispondrán de las mismas condiciones para la presentación de sus planteamientos.
Para garantizar la efectividad de los acuerdos que por consenso resultaren del Foro, el Gobierno de El Salvador se compromete a emitir, modificar o derogar, los decretos o normas de su competencia y a presentar iniciativas pertinentes a los otros Organos de Estado.

E. Secretaría del Foro

El mismo Foro designará una secretaría que le brinde apoyo técnico y asegure la continuidad de sus labores.

RECONSTRUCCION NACIONAL EN EL SALVADOR DESPUES DE LA GUERRA.


La firma de los acuerdos de paz, marcan el inicio de un proceso de pacificación total en El Salvador, proceso en el que se deberá al mediano y largo plazo, concretizar condiciones para la reconstrucción de todo aquello que se vio afectado por los casi doce años de conflicto.

Para llevar a cabo tan importante tarea, los acuerdos de paz hacen referencia a un Plan de Reconstrucción Nacional (PRN), el cual ya ha elaborado el gobierno del Presidente Cristiani, y que según el espíritu de los mismos, deberá posibilitar mejores condiciones sociales económicas y políticas del país de cara a una nueva realidad.

Con el presente capítulo, se pretende analizar el Plan de reconstrucción Nacional versión preliminar y sobre todo su última versión, Marzo de 1992. Se hace énfasis más que todo a la versión de marzo porque ésta recibió el apoyo de la mayoría de países del grupo consultivo del Banco Mundial, en el sentido de hacer efectiva la ayuda económica para la reconstrucción del país. Tomando en consideración que el Gobierno de El salvador, remarcó la necesidad de priorizar los aspectos sociales y económicos dentro del Plan de reconstrucción, del PRN versión Marzo 1992 se analizarán sus aspectos fundamentales, objetivos generales y específicos, el marco institucional para su implementación, la población y territorios que se atenderán con la puesta en marcha de su proyecto, así como las modalidades de participación ciudadana que el Plan propone


 Objetivos del Plan de Reconstrucción Nacional.

Se plantea la necesidad del estudio de los objetivos generales y específicos del Plan de Reconstrucción, partiendo del análisis y comparación de los mismos con la realidad en lo que se refiere a la etapa de contingencia del Plan, como período central de nuestro estudio. EL PRN, plantea como objetivo central “la creación de condiciones que faciliten la unidad nacional, mediante las bases que fortalezcan el proceso de reconciliación nacional y la creación de condiciones económicas y sociales para la reintegración de los miembros de la sociedad mayormente afectada por el conflicto. ⁷²/

De igual manera, plantea como objetivo específico lo siguiente:

a. Facilitar la reintegración a la vida civil y productiva de los excombatientes y la población mayormente afectada por el conflicto;

b. Mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las áreas geográficas mayormente afectadas por el conflicto;

c. Reconstruir la infraestructura básica, social y productiva, dañada o destruida durante el conflicto; y

d. Promover la participación solidaria de todos los sectores de la vida nacional en el esfuerzo de la reconstrucción nacional.

Al analizar tales objetivos se nos presenta una dualidad entre que es la letra espíritu de los mismos y la realidad. Porque, mientras se propone buscar condiciones de armonía, realmente esta, aun se ve muy lejana; ya que las medidas que se están implementando son solamente paliativosa los problemas de fondo.

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), es un organismo de control estatal de El Salvador (es decir que no depende de ninguno de los tres poderes del estado), creado por la Constitución de El Salvador, vigente desde 1983, y reformado a partir de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992.¹
El Consejo Nacional de la Judicatura, es el encargado de seleccionar, evaluar y capacitar los candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia; así como los candidatos para magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia y los jueces de los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Páz

Reseña Histórica

Escrito por Webmaster

viernes, 04 de abril de 2008 09:57

EL CNJ EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA El Consejo Nacional de la Judicatura tiene su origen en la Constitución de la República de 1983 como apoyo a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, comenzó a funcionar en el año de 1990. La primera Ley del Consejo Nacional de la Judicatura fue dictada, mediante Decreto Legislativo Nº 348 del 5 de octubre de 1989, publicado en el Diario Oficial Nº 305, del 20 de octubre de 1989. Su vigencia fue únicamente de dos años, debido a que no reunía las características que previó el legislador constituyente, pues éste creo al Consejo como una institución auxiliar o una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad dentro del Órgano Judicial. Esa Ley limitó la importancia del CNJ para ese momento histórico, a la atribución de velar por el buen funcionamiento de la Carrera Judicial. De acuerdo a la Primera Ley, el Pleno del CNJ estaba conformado por 10 miembros provenientes de diferentes sectores: Cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tres Abogados de las Asociaciones de Abogados y Dos abogados docentes por las Universidades. ACUERDOS DE PAZ  La negociación entre el Gobierno y la Guerrilla para la firma de los Acuerdos de Paz incluyó puntos relacionados al Sistema Judicial. Los acuerdos iniciales entre el Gobierno y la guerrilla sobre reformas Constitucionales, Fuerza Armada y el cese al fuego fueron tomados durante las reuniones, celebradas en México, entre el 4 y 27 de abril de 1991. En el punto 2 del apartado II, titulado: “Sistema Judicial y Derechos Humanos” se acordó redefinir la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura. La modificación tenía como propósito garantizar su independencia del los Órganos del Estado y partidos políticos. La reestructuración también era interna. No solo estaría integrado por Jueces, sino por otros sectores de la sociedad, vinculados a la administración de justicia. En esas reuniones se acordó delegar al Consejo Nacional de la Judicatura la organización y funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial, con el propósito de asegurar la formación profesional permanente de Jueces, Magistrados y demás operadores judiciales. Los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla, firmados el 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, México, reiteran la modificación en el sistema judicial. En el capítulo III de los Acuerdos antes mencionados se hace énfasis en el cambio de rol del Consejo Nacional de la Judicatura y la Escuela de Capacitación Judicial. En relación a la carrera judicial, los acuerdos buscaban que el ingreso se hiciera a través de mecanismos que garantizaran la objetividad de la selección, la igualdad de oportunidades entre los aspirantes y la idoneidad de las personas seleccionadas. Para ello, sería necesario realizar concursos y tomar en cuenta las capacitaciones que brindaría la Escuela de Capacitación Judicial. La noche del 27 de abril de 1991 fue suscrito el “Acuerdo sobre Reformas Constitucionales” en: La Fuerza Armada, Sistema Judicial, Derechos Humanos y Sistema Electoral. Posteriormente, el 30 de abril de ese mismo año, la Asamblea Legislativa, en cesión extraordinaria, estudia y aprueba las modificaciones a la Constitución. En ese momento, solo queda pendiente la ratificación de las enmiendas por la siguiente Asamblea Legislativa, ya que la misma Constitución establece que para realizar cambios deben ser aprobados por una Asamblea y ratificados por la siguiente. Así, por Decreto Legislativo Nº 64 del 30 de octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial Nº 217, tomo 313, del 20 de noviembre de ese mismo año, se reforma el Art. 187 de la Constitución, en el sentido de reconocer al Consejo Nacional de la Judicatura, como una Institución independiente encargada de promover candidatos para los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz. En cumplimiento a los Acuerdos de Paz, la primera Ley del CNJ es sustituida en 1993, al entrar en vigencia la segunda ley, dictada por medio del Decreto Legislativo No. 414, del 11 de Diciembre de 1992, publicado en el Diario Oficial No 8 Tomo 318 del 13 de enero de 1993, en cumplimiento a los Acuerdos de Paz. En esta segunda Ley se redefinió la estructura del Consejo, en el sentido que fue conformado no sólo de jueces sino también de otros sectores de la sociedad que no estaban directamente relacionados con la administración de justicia, de manera que se asegurara su independencia de los órganos del Estado y de los partidos políticos. También se le otorgaron más atribuciones, como la organización y funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial. En la segunda Ley del Consejo también se reformó la integración del Pleno con 11 Consejales:  Dos Abogados propuestos por la Corte Suprema de Justicia,  Un Magistrado Propietario de Cámara de 2ª Instancia,  Un Juez Propietario de 1ª Instancia,   Tres Abogados en ejercicio libre,   Un Abogado docente de la Universidad de El Salvador y   Dos Abogados docentes por las Universidades Privadas. Un representante del Ministerio Público. El día 20 de febrero de 1999, por Decreto Legislativo No. 536 del 27 de enero de 1999, publicado en el Diario Oficial Número 30 Tomo No. 342, del 12 de febrero de 1999, entra en vigencia la actual ley del Consejo Nacional de la Judicatura. Esta Ley deroga la anterior y en ella se establece como objetivo del Consejo colaborar con la Corte Suprema de Justicia en la Administración de la Carrera Judicial y como fin, el de contribuir como órgano colaborador de la Administración de la Carrera Judicial. De acuerdo a la Tercera Ley, vigente en la actualidad, el Pleno del CNJ esta integrado por siete miembros: Un representante de los Magistrados de Cámaras de 2ª Instancia y Jueces  Un abogado del Ministerio Público (Fiscalía–Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos).  Tres abogados en el Libre ejercicio de la profesión.  Un abogado docente de la Universidad de El Salvador, y  Un abogado docente de las Universidades Privadas. Cuando entró en vigencia esta Ley se estableció que los Consejales serían nombrados para un periodo de tres años, sin poder ser reelegidos. La elección la realizada la Asamblea Legislativa con base a ternas presentadas por los diferentes sectores mencionados. Sin embargo, por Decreto Legislativo Nº 1042, del 27 de abril del 2006, publicado en el Diario Oficial Nº 90, tomo Nº 371, del 18 de mayo de ese mismo año, se reforma el artículo 10 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura y se amplía de 3 a 5 años el periodo de elección de los Consejales. El mismo decreto adiciona el artículo 89-A que establece que la reforma del artículo 10 de la Ley del CNJ se aplicará a los Consejales electos por la Asamblea Legislativa el 20 de julio del 2005. Cabe aclarar que los 7 miembros no son elegidos en un solo momento, sino que los 2 representantes del sector de las universidades son electos al final del primer año de gestión de los otros 5 miembros del Consejo. De este modo, en lugar de renovación total simultánea, los cambios son parciales y sucesivos, para favorecer una sinergia efectiva entre la experiencia institucional de los funcionarios que permanecen y las propuestas innovadoras de los Consejales recién nombrados. Regionalización del CNJ El Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura inauguró, el 17 de Octubre del 2007, con la presencia del Órgano Legislativa, Ejecutivo y Judicial, las sedes de la Escuela de Capacitación Judicial en Santa Ana y San Miguel. La regionalización de la Escuela Judicial permitió al CNJ acercar los cursos y conferencias a los miembros de la comunidad jurídica, así como aumentar el número de actividades de capacitación que se impartían en esas zonas. Al acto de inauguración realizado en Santa Ana asistió Don Elías Antonio Saca, Presidente de la República; el Dr. Agustín García Calderón, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; el diputado Lic. Francisco Merino, en representación de la Asamblea Legislativa, autoridades locales de Santa Ana, representantes del Cuerpo Diplomático, funcionarios del sector de justicia, gabinete de gobierno y de organismos internacionales, Jueces, Magistrados, Fiscales, entre otros invitados especiales. A esa fecha y desde su creación, la Escuela de Capacitación Judicial había impartido 5,300 cursos, en los que han participado más de 120 mil miembros de la comunidad jurídica. El Consejo ya impartía cursos en San Miguel y Santa Ana, aunque para ello era necesario alquilar inmueble y trasladar, desde San Salvador, todo el equipo y personal, lo que volvía onerosa la capacitación. Lo más común era que para recibir una capacitación especializada los operadores judiciales debían trasladarse desde su lugar de trabajo hacia San Salvador. Sin embargo, con la apertura de las sedes en Santa Ana y San Miguel, tienen la oportunidad de actualizar sus conocimientos, sin necesidad de recorrer grandes distancias o afectar sus actividades diarias. La apertura de esas sedes surgió en un momento clave para la administración de justicia, pues era necesario ampliar las capacitaciones sobre los cambios normativos a partir de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos y la Oralidad en el área civil y mercantil, un proyecto que ya está en la Asamblea Legislativa. Asimismo, se trabaja en la redacción de un nuevo Código Procesal Penal. El Pleno actual del Consejo promueve el desarrollo de la capacitación no solo como una política, sino como un compromiso de nación. “Creemos que la principal vía para fortalecer el sistema de justicia es a través de la capacitación de todos los entes involucrados y por eso estamos haciendo esfuerzos importantes para fortalecer ésta área” puntualizó el Presidente del CNJ. Inicio de Cursos y Conferencias.  Los cursos de capacitación y conferencias comenzaron a ser impartidos pocos días después de ser inauguradas las sedes de la Escuela Judicial en Santa Ana y San Miguel. Con ello, se acercó y facilitó la especialización de los funcionarios judiciales y abogados de esas zonas, tal y como se había previsto. En la regional de Santa Ana, los primeros cursos que se impartieron fueron: “Género, violencia y Derecho II” y, “Contratos Modernos”. Mientras tanto, en San Miguel iniciaron con los cursos de: “Régimen Administrativo Disciplinario aplicable a los Tribunales de Justicia”, “Básico de Derecho Procesal Penal” y “Los Recursos en Materia Procesal Civil”. Nuevos Proyectos  A este importante paso al desarrollo y la modernización, dado por el Consejo Nacional de la Judicatura, se suman otros proyectos que ya están en marcha y que serán de mucho beneficio para la comunidad jurídica. Uno de ellos es la acreditación de los cursos que se imparten en la Escuela de Capacitación Judicial, así como la creación, con el apoyo de las universidades, de una maestría judicial, a fin de incentivar a los funcionarios judiciales a actualizar sus conocimientos de forma permanente. Al llevar a cabo este proyecto, el Consejo busca beneficiar a: Jueces, Magistrados y funcionarios judiciales Aspirantes a ingresar a la judicatura Abogados Facultades de Derecho La Escuela de Capacitación Judicial La ciudadanía

SITUACION ECONOMICA DE EL SALVADOR A FINALES DEL SIGLO XX

La economía salvadoreña

La primera etapa de las reformas económicas de fin de siglo, inició en 1989, a través de una combinación de políticas macroeconómicas e incentivos para el crecimiento económico. Se eliminaron los controles de precios, se redujeron los aranceles y se dio una amplia reforma del sistema financiero.
La otra etapa se dio a partir de la segunda mitad de la década de los 90, destacándose la desregulación y privatización de los sectores de electricidad y telecomunicaciones y las reformas del sistema de pensiones.
Al inicio de 1998, se privatizan cuatro compañías distribuidoras de electricidad (CAESS, EEO, CLESA y Del Sur) por un monto 586.5 millones de dólares. A dicha privatización le siguieron incrementos tarifarios de hasta 450%. A mediados de 1998 fue subastado el 51% de las acciones de INTEL, la porción de telefonía inalámbrica de ANTEL, las cuales fueron adquiridas por Telefónica de España por 41 millones de dólares, un valor casi cuatro veces mayor al precio base. Seguidamente fue subastada el 51% de la porción alámbrica de ANTEL (CTE-ANTEL), la cual fue adquirida por France Telecom. Por 275 millones de dólares. Por otra parte, cinco compañías administradoras de fondos de pensiones privados (AFP) empezaron a operar en1998. Cerca de 360 mil contribuyentes de un total de 415 mil empleados elegibles se unieron al nuevo sistema en los primeros 100 días de operaciones (Ramos, Acevedo y Padilla, 1999, pg. 57-58).
El siglo XX finaliza con síntomas de deterioro en el sistema financiero. Si bien es cierto que las reformas habían contribuido a que la banca salvadoreña tomará el liderazgo financiero a nivel centroamericano y que su diferencial de las tasas de interés fuera uno de los más bajos en Latinoamérica, el sistema financiero presenta serias deficiencias en materia de supervisión y regulación como lo ponen de manifiesto el uso de recursos públicos utilizados para el rescate del sistema financiero.
Lo anterior fue abordado por la revista El Financiero de La Prensa Gráfica el 31 de julio de 2001, expresando que desde hace una década, el gobierno ha salido a apagar los incendios financieros originados por la quiebra o fraudes por parte de entidades privadas o instituciones públicas. Esta práctica de “bombero financiero” ha costado cinco mil 24 millones de colones (574 millones de dólares), destacándose el colapso y defraudación FINSEPRO/INSEPRO por mil trescientos millones de colones (148 millones de dólares), el rescate de CREDISA por mil 239 millones de colones (141 millones de dólares), las inyecciones de capital al Banco de Fomento Agropecuario por 550 millones (63 millones de dólares) y el pasado mediato la emisión de 2 mil 450 millones de colones (280 millones de dólares) en bonos que la banca acumuló durante la década que estuvo en manos del Estado.
En una perspectiva de largo plazo de la economía salvadoreña, Roberto Rivera Campos (2000, pg. 244- 245) destaca varias características. La persistencia de la pobreza es una de las principales características. Aún el 60 por ciento de la población rural se encuentra en pobreza y el acceso de la población a los servicios sociales básicos es precario. La asimetría territorial de la pobreza señala contrastes entre el occidente y el centro, por un lado, y el norte y el oriente, por el otro; en general, entre más se camina hacia el norte y el oriente, mayor es la pobreza encontrada. Fortalecimiento del mercado; Estado pequeño, eficiente y fuerte; estado de derecho; seguridad ciudadana; y educación y salud parecieran ser los cinco pilares que un país pequeño puede necesitar para llevar progreso a su población. De acuerdo a Rivera Campos estos cinco pilares constituye el gran desafío de los salvadoreños de cara al siglo XXI.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), presentó al final del siglo XX una propuesta para la reactivación de la economía nacional. En dicho documento (ENADE 2000), se destacó que a partir de 1996, la economía nacional había perdido dinamismo, aunque los principales agregados macroeconómicos se habían mantenido estables. La propuesta parte de la base que el desarrollo económico y social es tarea de todos, y constituye un compromiso genuino de sumar al esfuerzo de mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños, en un ambiente de concordia, paz social y vigencia plena de democracia política y económica. ENADE 2000 expresa que el compromiso del sector privado es actuar con responsabilidad social, promoviendo un comportamiento empresarial regido por los principios de la é tica y la competencia, rechazando toda expresión de corrupción y la impunidad.
Por otra parte, ENADE 2000 subraya que un tema importante al final del siglo XX es el efecto que ocasiona en el ánimo de los empresarios y de la ciudadanía en general, el incremento de la delincuencia. Este clima de inseguridad, ayuda a explicar los bajos niveles de inversión extranjera que registra el país, indicando que no son suficientes las credenciales de estabilidad financiera y de libertad económica para atraer inversionistas. Con todo, el panorama actual muestra que existen varias señales positivas, aunque su potencial para la reactivación económica es probable que se haya sobredimensionado.
Por ejemplo, dice ENADE 2000, los resultados de los recientes acuerdos comerciales y de la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe son importantes para cambiar la tendencia de la economía, pero su aprovechamiento depende básicamente de la capacidad del país para competir con el resto de países que han recibido las mismas facilidades por parte de E.U.A y México.
En el balance preliminar de las economías latinoamericanas en el año 2000, CEPAL, la tasa de crecimiento de la economía (2.5%) se desaceleró respecto de 1999 (3.4%), debido en gran parte, a la adopción de políticas monetarias restrictivas, al menor dinamismo de las exportaciones (por la caída en el precio internacional del café y del azúcar), al aumento en los precios de los combustibles y a la reducción de la actividad de los sectores de construcción, agricultura y comercio. El saldo de la cuenta corriente volvió a ser deficitario, similar al de 1999. La balanza comercial alcanzó un déficit de 1700 millones de dólares y el déficit fiscal se amplió al 2.5% del PIB. La deuda pública alcanzó el equivalente de 22% del PIB. La inflación aumentó en más de 3%, a raíz del incremento del costo de la energía eléctrica, producto de la eliminación de los subsidios gubernamentales y del alza del precio de los combustibles.
En síntesis, el siglo XX cerró con la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y la posibilidad de que la maquila siga creciendo y que esto traiga más empleos. El siglo XXI inicia con El Salvador pretendiendo lograr preferencias comerciales con los tres países del norte de América. En este sentido, se firmó un acuerdo de libre comercio con México y se están haciendo aproximaciones con Canadá

Instituciones surgidas por los acuerdos de paz en El Salvador.

El texto de los acuerdos firmados en el Palacio de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, está dividido en los 9 capítulos donde se establecen una serie de medidas que ambas partes debían realizar para alcanzar la paz firme y duradera en El Salvador.

Acerca de la Fuerza Armada

En el primer capítulo, con respecto a la Fuerza Armada, el gobierno aceptó los siguientes compromisos:

• Modificar los principios doctrinarios de la Fuerza Armada para que pudiese cumplir con los acuerdos tomados, estableciendo que el objetivo único de la institución es "la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, es una institución permanente al servicio de la nación" y aclarando que la institución "es obediente, profesional, apolítica y no deliberante".
• Reformar el sistema educativo de la Fuerza Armada.
• Crear una Comisión ad hoc para la depuración de los oficiales implicados en violaciones a los Derechos Humanos.
• Reducción de efectivos de la Fuerza Armada; fueron dados de baja un total de 21000 soldados, a los cuales se les pagó su respectiva indemnización, finalizando el proceso un año antes de lo previsto, el 28 de febrero de 1993.
• Superación de la impunidad con la Creación de la Comisión de la Verdad que investigaría los más graves hechos de violencia de la guerra civil; la cesación de oficiales inició el 31 de diciembre de 1992.
• Disolución de los 3 cuerpos de seguridad pública que dependían de la Fuerza Armada: Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda.
• Disolución de los servicios de inteligencia militar y creación de un servicio de inteligencia civil: el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Los antiguos cuerpos de inteligencia fueron suprimidos en su totalidad el 9 de junio de 1992, dando paso a los nuevos que estaba ya funcionando desde el 28 de abril del mismo año.
• Disolución de los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI). El batallón "Gral. Eusebio Bracamonte" fue disuelto el 16 de agosto de 1992, el batallón "Atlacatl" el 8 de diciembre de 1992 y el batallón "Gral. Manuel José Arce" se extinguió el 6 de febrero de 1993; aportando un total de desmovilizaciones que alcanzaron los 10000 efectivos.
• Reformar la Constitución para definir claramente la subordinación de la Fuerza Armada al Poder Civil.
• Supresión de las entidades paramilitares (Patrullas de defensa civil).
• Suspensión de las actividades de reclutamiento forzoso.

Creación de la Policía Nacional Civil

En el segundo capítulo, el gobierno se comprometió a:

• Crear la Policía Nacional Civil como nuevo cuerpo policial que sustituyera los antiguos cuerpos de seguridad con una doctrina civilista y democrática.
• Establecer cuotas para el personal de la nueva policía, en la que participarían elementos desmovilizados del FMLN, antiguos agentes de la Policía Nacional y personas sin militancia en ambos bandos. Se acordó que fuese el 20% para cada bando y el 60% de participantes neutrales.
• Crear la Academia Nacional de Seguridad Pública para formar a los agentes de la Policía Nacional Civil, dando énfasis a la formación para el respeto de los Derechos Humanos.

Sistema Judicial y Derechos Humanos

En esta área los compromisos gubernamentales fueron:

• Crear la Escuela de Capacitación Judicial para formar jueces y magistrados ajustados a la nueva realidad del país.
• Reformar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura (organismo que nombra y evalúa a los jueces) para darle mayor independencia.
• Reformar el proceso de elección y los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
• Crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución autónoma, que debe supervisar el respeto a los Derechos Humanos por parte de las demás instituciones estatales.

Sistema Electoral

En este tema se acordaron una serie de medidas para asegurar la plena vigencia de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos:

• La creación de reformas institucionales: creación del Tribunal Supremo Electoral, la más alta autoridad administrativa y jurisdiccional en la materia.
• El derecho de los partidos políticos en vigilar la elaboración, organización, publicación, y actualización del registro electoral.
• En el plano político, las medidas adoptadas buscaron garantizar a los dirigentes del FMLN y a sus integrantes el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos dentro un marco de absoluta legalidad, mediante su incorporación a la vida civil, política e institucional del país. El FMLN se comprometió a desmovilizar sus fuerzas guerrilleras, bajo la supervisión de la ONUSAL. El gobierno se comprometió a aprobar la legislación necesaria para que el FMLN se transformara en un partido político legal y pudiera participar en los comicios generales de 1994.

En lo económico y social

En esta área el gobierno se comprometió a:

• Crear el Foro de Concertación Económica y Social, organismo donde tendrían representación los sindicatos, las asociaciones empresariales y el Estado para dialogar sobre la política económica del país.
• Distribuir las tierras en zonas conflictivas entre los ex combatientes desmovilizados.
• Las tierras que excedían las 245 hectáreas, así como aquellas propiedad del Estado que no eran reserva natural, debían ser distribuidas entre los campesinos y pequeños agricultores que carecían de terrenos cultivables.  

Los derechos humanos:

En forma explicita hubo tres esfuerzos en materias de derechos humanos que constituye importantes ejercicios contra la lucha de impunidad.

La creación de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos fue una de las innovaciones más significativas introducida en el país por los acuerdos de México.

Su misión consiste en la promoción de los derechos humanos y velar porque sean respetados.

Quizás el logro más significativo en la materia fue el acuerdo de San José sobre los derechos humanos, firmado el 26 de julio de 1990.

Con este acuerdo se pretendía establecer mecanismos concretos para el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos de la ciudadanía.

GRAFICO COMPARATIVO DE LA RENTA PERCAPITA EN EL MUNDO